Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se armó una conversación incómoda pero urgente: cómo está México en materia de salud y educación sexual. Tres comisiones —Salud, Seguridad Social y Diversidad— aprovecharon el Día Mundial de la Salud Sexual para organizar un foro que dejó claro algo que todos sabemos pero pocos quieren decir: hablar de sexo en este país sigue siendo tabú, y mientras tanto los problemas se acumulan.
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno, puso sobre la mesa un dato sencillo pero contundente: las políticas públicas funcionan de verdad cuando aterrizan en la atención primaria, es decir, en el primer contacto con la gente. Y ahí, dijo, la educación sexual debería ser una prioridad. El sistema de salud actual está parchado y fragmentado, lo vimos con la pandemia, y ahora se busca un modelo único que evite duplicidades y vacíos.
El tema no se queda en discursos. Arturo Olivares, presidente de la Comisión de Seguridad Social, señaló una paradoja: por un lado, México tiene menos nacimientos que nunca, apenas 1.8 millones en 2023; pero por el otro, la fecundidad adolescente sigue disparada. Entre 2023 y 2024, más de 56 mil adolescentes menores de 16 años se convirtieron en madres. En lugares como Chiapas, una de cada cuatro jóvenes tuvo un hijo el año pasado. ¿Qué significa eso? Que la educación sexual llega tarde o simplemente no llega, y que los servicios de prevención fallan.
La discusión también tocó la discriminación. Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad, recordó que aún hay deudas enormes con la comunidad LGBTTTIQ+, como el acceso pleno a tratamientos contra el VIH o la necesidad de una reforma constitucional que reconozca el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación por orientación o identidad de género. Su frase fue contundente: “los muertos por sida los sigue poniendo nuestra comunidad”.
Hubo testimonios que evidencian cómo, en pleno 2025, niñas indígenas crecen sin información porque en sus escuelas el tema sigue prohibido, o cómo mujeres llegan a consultas sin intérpretes que les permitan explicar su situación. Y desde organismos internacionales como la ONU y la OPS se advirtió que la justicia sexual no es un lujo, sino un derecho básico que debería garantizar igualdad de condiciones para todos.
Los especialistas también dieron ejemplos de los vacíos actuales: violencia sexual que afecta a seis de cada diez mujeres, pornografía en línea al alcance de menores, embarazos adolescentes provocados por violación, o incluso prácticas de riesgo como el chemsex, que exige servicios de salud preparados para atender sin prejuicios.
Más allá de cifras y diagnósticos, el mensaje fue claro: México vive una contradicción. Hay avances legales y normativos en educación sexual y salud reproductiva, pero la realidad muestra enormes brechas sociales. La justicia sexual implica que cada persona pueda decidir sobre su cuerpo y su vida sin ser juzgada ni discriminada. Y ahí, el Congreso tiene una tarea pendiente: pasar de los foros y paneles a políticas públicas que sí cambien la vida cotidiana.
