Por Bruno Cortés
El debate político volvió a encenderse en San Lázaro y esta vez el tema central son los campesinos, los transportistas y la creciente violencia en las carreteras. El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, fue tajante: es inaceptable —dijo— que la Secretaría de Gobernación trate de minimizar la inseguridad que los llevó a protestar. Para él, negar la realidad no hace que desaparezca; al contrario, deja desprotegida a la gente que todos los días se juega la vida en caminos donde el crimen manda más que la autoridad.
Moreira explicó que las movilizaciones de productores no surgieron de la nada. Los campesinos salieron a las carreteras por tres razones muy concretas: porque la nueva Ley de Aguas Nacionales, según ellos, amenaza con empobrecerlos; porque no se les está pagando el precio de garantía del maíz; y porque transitar por las carreteras del país se ha vuelto prácticamente un deporte extremo. Entre asaltos, extorsiones y ataques, muchos transportistas ya no saben si su carga llegará, y muchos productores no saben si volverán a casa.
Para el priista, el Gobierno Federal está equivocando su energía: en lugar de perseguir a quienes protestan, debería poner en marcha operativos serios de seguridad. Los campesinos están denunciando problemas reales, insistió, no inventando pretextos. Incluso criticó que la Secretaría de Gobernación intentara vincular al diputado Luis Gerardo Sánchez con los bloqueos en Guanajuato. Sí los respalda, dijo Moreira, pero porque Morena los abandonó, no porque él esté moviendo los hilos detrás de las protestas.
Moreira también reiteró algo que su bancada ha exigido desde hace meses: que el Gabinete de Seguridad acuda a la Cámara de Diputados a explicar lo que está pasando. Para él, el gobierno está subestimando la gravedad de la situación. Recordó que apenas unos días antes de los bloqueos, en Guanajuato asesinaron a una mujer, y aun así, dijo, hay quienes prefieren no ver el deterioro de la seguridad.
Otro punto que prendió polémica es la nueva Ley de Aguas Nacionales. El coordinador del PRI aseguró que la reforma es punitiva y criminaliza a los campesinos, además de abrir la puerta a expropiaciones de dotaciones de agua. Y si el país no está creciendo económicamente, afirmó, promover leyes que golpean al campo es “darse un tiro en el pie”.
El priista también criticó la reforma a la Ley General de Salud que busca prohibir los cigarros electrónicos. Para él, estas medidas “prohibicionistas” no funcionan y terminan criminalizando a la gente común. Dijo que es un ejemplo claro del “populismo punitivo” que, según él, está impulsando Morena. “Van a meter a la cárcel a quien tenga un vapeador, en lugar de meter a los criminales”, remató.
Sobre la minuta del Senado en materia de extorsión, Moreira adelantó que su bancada votará a favor en lo general, pero presentará una reserva para evitar que se sancione a medios críticos. Consideró que ese apartado es un exceso y debe eliminarse para no limitar la libertad de prensa.
Moreira también se detuvo en un tema económico que preocupa a empresarios e industrias: la confianza. Señaló que las encuestas del Banco de México y del Inegi muestran un deterioro en la percepción de los inversionistas sobre la política económica del país. Y cuando los inversionistas dejan de confiar, dijo, la economía se frena.
En medio del debate, el diputado Luis Gerardo Sánchez tomó la palabra para defenderse. Aclaró que él no organizó los bloqueos, pero sí apoya a la gente que lo eligió y que hoy está desesperada por la falta de agua, la inseguridad y la omisión del gobierno. Dijo que presentará un documento para aclarar su participación y evitar malos entendidos.
En conjunto, los señalamientos muestran un ambiente político tenso donde el campo, la seguridad y las decisiones económicas se están convirtiendo en una sola conversación: la urgencia de que el gobierno reconozca la realidad que viven millones de personas lejos del escritorio y de la estadística.
