Por Juan Pablo Ojeda
La Ciudad de México arrancó el día con complicaciones severas para automovilistas y usuarios del transporte público debido a marchas, concentraciones y bloqueos que se desplegaron en distintos puntos de la capital. Desde las primeras horas, la movilidad se vio afectada principalmente en el centro y en corredores estratégicos que conectan con zonas laborales y administrativas.
Las mayores afectaciones se registraron en avenidas como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas, Circuito Interior y accesos al primer cuadro de la Ciudad de México, donde manifestantes avanzaron de manera intermitente, reduciendo carriles o cerrando vialidades por lapsos prolongados. Esto provocó filas kilométricas de vehículos, retrasos en rutas de transporte público y saturación de vías alternas.
Las protestas estuvieron encabezadas por diversos colectivos y organizaciones sociales que exigen atención a demandas laborales, educativas y de seguridad. En varios casos, los contingentes realizaron pausas para emitir mensajes o instalar campamentos temporales, lo que agravó el congestionamiento y obligó a la policía de tránsito a implementar cortes a la circulación y desvíos emergentes.
Usuarios del Metrobús y de rutas concesionadas también reportaron demoras, ya que algunas líneas modificaron recorridos para evitar zonas bloqueadas. En estaciones cercanas a las movilizaciones se registró alta afluencia, especialmente en horarios pico, lo que incrementó los tiempos de traslado para miles de personas.
Autoridades capitalinas recomendaron evitar las zonas afectadas, salir con mayor anticipación y mantenerse atentos a los avisos viales. Sin embargo, la falta de información oportuna y la magnitud de las movilizaciones complicaron la planeación de trayectos, especialmente para quienes se dirigían a centros de trabajo, hospitales o escuelas.
El escenario de este día vuelve a poner sobre la mesa el impacto que tienen las manifestaciones en la movilidad diaria de la capital, así como la necesidad de mejorar los mecanismos de diálogo y de gestión del tránsito para reducir afectaciones a la ciudadanía, sin limitar el derecho a la protesta.
