Por Juan Pablo Ojeda
Con una mayoría de 60 votos a favor y 13 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen del «Plan B» de Reforma Electoral. La votación se desglosó en 33 sufragios a favor en Puntos Constitucionales y 27 en Reforma Política-Electoral, consolidando el avance de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La reforma impacta directamente la estructura financiera de los estados, estableciendo que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de su respectiva entidad federativa. Esta medida busca una estandarización del gasto legislativo a nivel nacional, eliminando las disparidades presupuestarias entre los diversos congresos estatales.
En el ámbito municipal, la reforma modifica el artículo 115 para limitar la integración de los ayuntamientos a una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. El objetivo técnico es reducir la carga administrativa de los municipios, garantizando que los ahorros generados se integren a la hacienda pública municipal para ser destinados exclusivamente a obras de infraestructura pública.
En materia de remuneraciones, el dictamen estipula que ningún consejero o magistrado electoral, tanto a nivel federal como local, podrá percibir un salario mayor al límite establecido para la Presidencia en el artículo 127 constitucional. Además, se prohíbe explícitamente la contratación de seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida privados y cajas de ahorro especiales con recursos públicos.
El régimen transitorio obliga al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales a armonizar su marco jurídico antes del 30 de mayo de 2026. Asimismo, el presupuesto del Senado de la República experimentará un ajuste progresivo durante los próximos cuatro ejercicios fiscales inmediatos a la entrada en vigor del decreto, sin afectar derechos laborales.
La reforma adiciona un párrafo cuarto al artículo 134 constitucional, reforzando los principios de paridad de género e igualdad sustantiva en el ejercicio del poder público. Los datos indican que la reconfiguración de los órganos legislativos locales deberá observar estrictamente la paridad vertical y horizontal en sus procesos de integración.
Finalmente, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno este miércoles 8 de abril. De ser aprobado sin modificaciones, se iniciará el proceso de ratificación en el Senado, marcando un cambio estructural en la administración de los recursos electorales y legislativos del país.
