Por Juan Pablo Ojeda
Desde el podio de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó este miércoles la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restituye el peso operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La decisión del máximo tribunal pone fin a una dinámica de amparos que permitía a personas y corporaciones investigadas retirar fondos de cuentas que ya habían sido inmovilizadas.
La mandataria delineó el funcionamiento de la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), subrayando que su encomienda principal es prevenir el lavado de dinero. «La función de la UIF es evitar el lavado de dinero, sea por corrupción, por delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco, para eso lleva investigaciones de manera permanente», afirmó Sheinbaum durante ‘La Mañanera’.
El diagnóstico presentado por el Ejecutivo expuso la inoperancia a la que había sido relegada la institución. Según la presidenta, la cadena de acciones legales frustraba el trabajo de inteligencia: «La UIF ya no podía inmovilizar cuentas. Enseguida, después de la inmovilización, venía un amparo. Al amparo le daban la suspensión de manera automática… y, entonces, el trabajo de la UIF quedaba prácticamente inhabilitado», detalló.
La resolución de la SCJN avala los criterios de un magistrado de circuito que cuestionó la legalidad de dichas suspensiones automáticas. Con este fallo, las autoridades judiciales determinan que el interés público de rastrear operaciones con recursos de procedencia ilícita se sobrepone a la petición de liberación de fondos mientras el titular de la cuenta no aclare el origen de los mismos.
El impacto de esta validación judicial impacta directamente en las estrategias de defensa de la delincuencia de cuello blanco. Anteriormente, el tiempo procesal jugaba a favor de los investigados, quienes extraían el capital antes de que la Fiscalía General de la República o las procuradurías estatales pudieran judicializar las carpetas de investigación derivadas de las denuncias de la UIF.
Sheinbaum buscó dar certidumbre a la iniciativa privada y al sector bancario al precisar que las facultades de bloqueo no son herramientas de persecución generalizada. Enfatizó que el acceso a los servicios financieros no se restringe a particulares o empresas que operan en el marco de la legalidad, enfocando los recursos de inteligencia únicamente en operaciones que arrojan indicadores criminales en el sistema.
La postura de la Presidencia de la República subraya una alineación momentánea entre los criterios del Poder Judicial y las necesidades del Poder Ejecutivo en materia de fiscalización. El fallo dota a la Secretaría de Hacienda de la autonomía cautelar necesaria para intervenir los flujos de capital ilícito, reconfigurando la dinámica de poder entre el Estado y las redes financieras del crimen organizado.
