Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se aprobó una reforma que, aunque suena técnica, tiene un impacto directo en algo que todos usan tarde o temprano: los servicios de salud. La iniciativa busca que el gobierno pueda construir más hospitales y clínicas de forma más rápida.
¿De qué va exactamente? Básicamente, se le da más poder a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que participe en obras relacionadas con salud. Es decir, no solo la Secretaría de Salud podrá encargarse de hospitales, sino también esta dependencia que normalmente construye carreteras, aeropuertos y grandes proyectos.
La lógica detrás de esto es sencilla: aprovechar la experiencia técnica de la SICT para acelerar la construcción, rehabilitación o ampliación de hospitales, clínicas y unidades médicas. En un país donde muchas comunidades todavía tienen acceso limitado a servicios de salud, el objetivo es cerrar esa brecha más rápido.
La reforma fue aprobada con una amplia mayoría, lo que muestra que, al menos en este punto, hubo coincidencias entre distintos partidos. Además, se dejó claro que no se pedirá más dinero para hacerlo, sino que se trabajará con el presupuesto ya asignado. Aquí es donde empieza el debate: hacer más con lo mismo.
Desde el oficialismo, legisladores argumentan que esto permitirá tener más infraestructura médica sin disparar el gasto público. En otras palabras, más hospitales, pero sin aumentar impuestos ni endeudamiento. También lo conectan con la idea de avanzar hacia un sistema de salud más accesible para toda la población.
Pero no todos están convencidos. Desde la oposición se advierte que la SICT no es una institución especializada en salud, y que construir hospitales no es solo levantar edificios, sino entender necesidades médicas, equipamiento y operación. También hay dudas sobre cómo se coordinarán las distintas dependencias y si realmente alcanzarán los recursos.
En el fondo, lo que se está discutiendo es cómo mejorar el sistema de salud sin incrementar el gasto. La apuesta del gobierno es que coordinando mejor a las instituciones se puede avanzar más rápido. El reto será que esas obras no se queden a medias, estén bien equipadas y realmente funcionen.
Ahora el dictamen pasará al Senado, donde continuará el proceso legislativo. Si se aprueba, el gobierno tendrá seis meses para ajustar las reglas y poner en marcha este nuevo esquema.
