Por Juan Pablo Ojeda
La transición en la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) ha detonado una confrontación con las decisiones del pasado inmediato. La fiscal Ernestina Godoy ha intervenido directamente para apoyar la impugnación legal de las víctimas de La Luz del Mundo, buscando revertir el cierre del expediente ejecutado durante el mandato de su predecesor, Alejandro Gertz Manero.
La presidenta Claudia Sheinbaum expuso este jueves la fractura en los criterios de procuración de justicia. Detalló que el archivo de la investigación se concretó el año pasado bajo la administración de Gertz Manero, admitiendo desde Palacio Nacional el desconocimiento de las razones técnicas o políticas que motivaron al entonces fiscal a dictar el «no ejercicio de la acción penal».
La intervención de Godoy representa una auditoría de facto sobre las carpetas de investigación archivadas en diciembre de 2025. El acercamiento personal de la actual fiscal con las denunciantes rompe con la política de inacción previa y utiliza la figura legal de la impugnación de la víctima para forzar a un juez federal a reevaluar los indicios desechados por el anterior Ministerio Público.
El cierre de la investigación bajo la gestión de Gertz Manero garantizó la inmunidad procesal en México para la cúpula de la organización religiosa. Al clasificar como «no procedentes» los señalamientos por trata de personas y delincuencia organizada, la FGR paralizó los mecanismos de rendición de cuentas sobre la estructura que facilitó los abusos sistematizados contra menores de edad.
El archivo del caso también representó un retroceso en el rastreo de flujos financieros ilícitos. Las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre presunto lavado de dinero, que inicialmente resultaron en el congelamiento de activos, fueron desactivadas, permitiendo a la organización mantener el control de sus recursos patrimoniales sin enfrentar procesos de extinción de dominio.
La disparidad entre la justicia estadounidense y la mexicana subraya las fallas estructurales del sistema penal del país. Mientras la fiscalía de California logró una condena de más de 16 años de prisión contra Naasón Joaquín García, el aparato de justicia federal en México optó por el sobreseimiento, evidenciando una incapacidad o reticencia institucional para procesar a líderes con influencia social y política.
La audiencia programada para este 16 de abril en Puente Grande pondrá a prueba la autonomía del Poder Judicial. El juez de control deberá determinar si el cierre ordenado en 2025 estuvo fundamentado a derecho o si constituyó un acto de omisión institucional, abriendo la puerta a que la nueva FGR finque responsabilidades contra la red de complicidad de la iglesia en territorio nacional.
