La reciente designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló las tensiones internas y el costo de las alianzas en la Cámara de Diputados bajo la batuta de Ricardo Monreal. El acuerdo inicial, que ya se consideraba cerrado, fue desmantelado ante la exigencia de los partidos aliados (PT y PVEM) de incluir perfiles específicos bajo la bandera de la paridad. Este intercambio de posiciones por votos subraya la fragilidad de los consensos cuando dependen de cuotas de poder partidista en lugar de evaluaciones técnicas puras.
Ricardo Monreal tuvo que ejercer su capacidad de maniobra para evitar que la designación se le escapara de las manos y terminara en una insaculación. El retiro de la candidatura de Bernardo Valle para dar paso a Frida Denisse Gómez Puga fue el precio directo para mantener la cohesión de la coalición gobernante. Esta práctica pone bajo la lupa los criterios de selección, donde la idoneidad técnica suele quedar subordinada a la conveniencia política del momento para alcanzar la mayoría calificada.
El papel del PT y el PVEM en esta negociación fue el de bloque de contención, utilizando su peso numérico para forzar una reconfiguración de la terna. Fuentes cercanas a la negociación confirman que la postura de estos partidos se endureció conforme se acercaba la hora de la votación, exigiendo un «espacio propio» dentro de la estructura del INE. La retórica de la paridad de género sirvió como el marco legal perfecto para justificar un cambio que, en el fondo, respondía a un reacomodo de fuerzas legislativas.
La transparencia del proceso se ve cuestionada por la rapidez con la que se efectuó el cambio de última hora. Sin un periodo de escrutinio público para el nuevo perfil incorporado, la Cámara de Diputados procedió a una votación acelerada para cumplir con los tiempos políticos de la Jucopo. Esta premura es característica de una gestión legislativa que prioriza la disciplina de bloque sobre la deliberación abierta y el cuestionamiento de los perfiles propuestos.
Evitar la insaculación era el objetivo primordial de Monreal, ya que el sorteo elimina la posibilidad de control político sobre quién ocupa finalmente el cargo en el INE. Al asegurar los votos mediante la negociación de la terna, la coalición mayoritaria garantiza que los perfiles seleccionados mantengan una línea de comunicación y entendimiento con las fuerzas que los promovieron. Es una victoria de la operación política sobre el azar democrático previsto en la ley.
Los nuevos consejeros asumen sus funciones bajo la sombra de un proceso de selección marcado por el «oficio político» y no por el consenso apartidista. La rendición de cuentas sobre estas designaciones recae ahora en su desempeño dentro del INE, donde cada decisión será analizada bajo la óptica de su origen parlamentario. La independencia del árbitro electoral es, una vez más, puesta a prueba por la metodología de su integración desde el Poder Legislativo.
El ciclo de nombramientos en San Lázaro demuestra que la «mayoría calificada» no es un cheque en blanco, sino una cifra que se construye mediante transacciones constantes. Ricardo Monreal, como operador central, ha consolidado un modelo de gestión donde la ley de paridad se utiliza como moneda de cambio para satisfacer a aliados internos. El resultado es un INE completo, pero integrado bajo una lógica de pactos de pasillo y cuotas de representación partidista.
