El nombre de Hernán Bermúdez Requena, alias El Comandante H, se ha convertido en sinónimo de escándalo nacional. Acusado de liderar La Barredora, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en Tabasco, Bermúdez no solo enfrenta una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol por delitos como narcotráfico, tráfico de personas, huachicol y homicidios, sino que también ha puesto bajo el reflector a su exjefe: Adán Augusto López Hernández, actual senador y figura prominente de Morena.
Durante su mandato como gobernador de Tabasco, López Hernández designó a Bermúdez como secretario de Seguridad Pública, cargo que este mantuvo incluso después, durante la administración de Carlos Merino. Sin embargo, recientes filtraciones de plataformas como Guacamaya Leaks y documentos de inteligencia militar han revelado que Bermúdez formaba parte de redes criminales activas dentro de la policía estatal desde al menos 2019, y que su historial habría sido conocido por altos mandos, incluyendo a funcionarios del gobierno estatal.
Aunque el senador no ha sido formalmente acusado, la revelación ha desatado un sismo político. López ha negado rotundamente cualquier conocimiento de las actividades ilícitas de su excolaborador y ha declarado que, de haberlo sabido, lo habría separado del cargo de inmediato. “Nunca tuve evidencia de vínculos criminales”, insistió ante medios nacionales.
No obstante, las dudas persisten. Las denuncias de la oposición —particularmente del PAN y el PRI— no tardaron en llegar. Ambos partidos anunciaron que presentarán cargos penales contra López por presunta omisión deliberada y encubrimiento. La comparación con el caso García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública sentenciado por sus nexos con el narcotráfico, comenzó a circular entre analistas, quienes advierten que Morena enfrenta un momento crítico para su credibilidad y su narrativa de transformación.
El interior del partido oficialista también se ha visto sacudido. Aunque en el Consejo Nacional de Morena el senador recibió respaldo con gritos de “¡No estás solo!”, otras figuras exigieron una postura más ética ante la gravedad del caso. La presidenta Claudia Sheinbaum fue categórica: “No vamos a encubrir a nadie. La Fiscalía debe actuar con independencia”.
Más allá de la responsabilidad individual, el caso pone de relieve una vulnerabilidad estructural en las instituciones de seguridad pública: la infiltración del crimen organizado. Testimonios de organizaciones civiles y reportes periodísticos indican que La Barredora operó por años con niveles preocupantes de impunidad, supuestamente bajo protección de autoridades estatales. Esto sugiere que el caso de Bermúdez no es una excepción, sino parte de un patrón más amplio de colusión y corrupción dentro de los gobiernos locales.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha emitido una investigación formal contra López Hernández, pero la presión pública y política aumenta cada día. La exigencia es clara: esclarecer cómo un presunto jefe criminal pudo ocupar uno de los cargos más delicados del aparato estatal sin ser detectado, o peor aún, con conocimiento de quienes debían garantizar la seguridad.
Morena enfrenta una prueba de fuego. Lo que está en juego no es solo la reputación de un senador, sino la coherencia de todo un proyecto político que prometió romper con el pasado.
