Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano, la diputada Ana Erika Santana González puso sobre la mesa un problema que avanza en silencio pero que cada vez pesa más en el sistema de salud: la enfermedad renal crónica. Y lo hizo con algo clave en política pública: reunir a especialistas, autoridades y organizaciones para pasar del diagnóstico a propuestas concretas.
El foro que organizó junto al Colegio de Nefrólogos de México A.C. no fue solo un evento técnico, sino un intento por aterrizar soluciones a un problema que ya es considerado global. De hecho, la propia legisladora recordó que la Organización Mundial de la Salud elevó recientemente la salud renal a prioridad internacional, algo que no es menor si se entiende el tamaño del reto.
En términos simples, lo que está pasando es esto: cada vez hay más personas con enfermedades como diabetes e hipertensión, y eso dispara los casos de daño renal. En México, la diabetes tipo 2 —uno de los principales detonantes— ha crecido de forma importante en los últimos años, lo que se traduce en más pacientes que terminan enfrentando tratamientos complejos, costosos y de largo plazo.
Aquí es donde la política pública entra de lleno. Porque no se trata solo de atender a quienes ya están enfermos, sino de evitar que lleguen a etapas críticas. La lógica del foro fue clara: prevenir, detectar a tiempo y tratar mejor. Suena básico, pero en la práctica implica cambiar cómo funciona el sistema de salud desde el primer nivel de atención.
Los datos ayudan a dimensionar la urgencia. En México, casi uno de cada cinco adultos podría tener algún grado de enfermedad renal, una cifra por encima del promedio mundial. Eso significa millones de personas que, en muchos casos, ni siquiera saben que están enfermas hasta que el daño ya es avanzado.
Y cuando eso pasa, el impacto no es solo en la salud. Los tratamientos como la diálisis o los trasplantes no solo son complejos, también representan una carga económica fuerte tanto para las familias como para el Estado. Por eso, una de las ideas que más peso tomó en el foro fue la creación de un registro nacional de pacientes. Dicho en sencillo: saber cuántos enfermos hay realmente para poder planear mejor el gasto y la atención.
También se habló de fortalecer los llamados programas nacionales de atención médica, que en teoría deberían ordenar cómo se diagnostican y tratan estas enfermedades en todo el país. El problema es que muchas veces no se aplican de forma uniforme, lo que genera desigualdades en la atención.
Desde el lado técnico, especialistas insistieron en algo que parece obvio pero sigue siendo un reto: capacitar mejor a los médicos de primer contacto. Son ellos quienes pueden detectar señales tempranas y evitar que un paciente llegue a una etapa donde ya necesita diálisis. Además, se planteó reforzar campañas de prevención enfocadas en hábitos básicos como la alimentación, la actividad física y la reducción del consumo de alcohol y tabaco.
Lo que dejó claro este encuentro es que la enfermedad renal no solo es un tema médico, sino económico y social. Si no se atiende a tiempo, termina saturando hospitales, elevando costos públicos y afectando la calidad de vida de millones de personas.
Por ahora, la diputada ha planteado llevar las conclusiones del foro a propuestas legislativas, incluyendo la posible creación de un registro nacional obligatorio y medidas para fortalecer la prevención. Falta ver si estas ideas logran traducirse en políticas concretas, pero el primer paso ya está dado: poner el tema en la agenda pública.
