Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano ya se movió una pieza importante del tablero político. La Cámara de Diputados aprobó una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca meter orden en cómo se organizan los gobiernos locales y, sobre todo, en cuánto dinero se gasta en ellos.
Para entenderlo fácil: la iniciativa modifica la Constitución para poner límites más claros al tamaño de los ayuntamientos, al presupuesto de los congresos estatales y a los sueldos de funcionarios electorales. La idea de fondo es aplicar lo que el actual gobierno llama “austeridad republicana”, es decir, reducir gastos considerados excesivos dentro del aparato público.
Uno de los cambios más concretos está en los municipios. Ahora se establece que los ayuntamientos podrán tener hasta 15 regidores como máximo. Esto busca evitar estructuras infladas que, en muchos casos, terminan generando más gasto sin necesariamente mejorar los servicios públicos.
En paralelo, también se mete mano a los congresos locales. La reforma fija un tope: el presupuesto de cada legislatura estatal no podrá superar el 0.7% del gasto total del estado. Con esto, se pretende evitar que los congresos crezcan sin control en recursos, algo que durante años ha sido criticado por su impacto en las finanzas públicas.
Otro punto clave tiene que ver con los organismos electorales. La reforma deja claro que ningún consejero o funcionario electoral podrá ganar más que lo que marca la Constitución como límite para el servicio público. Además, se eliminan privilegios como seguros privados, cajas de ahorro especiales o esquemas de retiro fuera de lo que establece la ley.
En términos políticos, esta reforma también refuerza la narrativa del gobierno federal: reducir privilegios y redirigir el dinero ahorrado a programas sociales. De hecho, el dictamen incluye que los recursos que se liberen se destinen a fines de interés social, aunque ahí es donde suele abrirse el debate sobre transparencia y uso eficiente del dinero.
La aprobación no fue menor: se logró mayoría calificada, lo que significa que ahora el siguiente paso es que los congresos estatales la avalen para que pueda entrar en vigor. Es decir, todavía falta un tramo del proceso, pero el cambio ya está encaminado.
En el fondo, lo que está en juego es cómo se equilibra el gasto público a nivel local. Por un lado, se busca eficiencia y reducción de costos; por el otro, hay quienes advierten que limitar recursos también podría afectar la operación de instituciones clave. Ese será el debate que siga en los estados.
