Ayer, 25 de noviembre, Día Naranja, San Lázaro vivió una jornada cargada de simbolismo y decisiones clave. Mientras el país recordaba la violencia que enfrentan millones de mujeres, la Cámara de Diputados cerró filas para aprobar una de las leyes más esperadas: la que busca frenar la extorsión, el delito que más crece en México y que se ha vuelto un cobro ilegal que pesa sobre familias, negocios y transportistas.
La presidenta de la Cámara abrió la sesión reconociendo la importancia del día. No sólo se fijaron posturas de todos los grupos parlamentarios por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sino que el Pleno recibió, debatió y aprobó la minuta enviada por el Senado para expedir la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, junto con un paquete de reformas al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y otras normas clave.
Según explicó, el Senado perfeccionó la propuesta original en puntos importantes. Uno de ellos buscaba evitar que en estados donde ya existen penas altas —como Chihuahua— se generara el riesgo de liberar extorsionadores al homologar castigos más bajos a nivel federal. Con las correcciones, ese escenario queda descartado. También aclaró un error en la redacción inicial: se hablaba de “medios de comunicación” como vía agravante para cometer extorsión, cuando en realidad se referían a medios telefónicos o electrónicos. El ajuste era necesario para no criminalizar a periodistas ni generar ambigüedades.
La legisladora también respondió preguntas incómodas. Sobre funcionarios que participan en extorsiones, fue firme: si alguien debe tener responsabilidades más elevadas ante la ley, es un servidor público. Confirmó además que se mantienen penas de hasta 25 años de prisión, la denuncia anónima y la persecución por oficio, herramientas que buscan proteger a quienes temen denunciar.
Las protestas de transportistas también marcaron el debate. A diferencia de Gobernación, que ha dicho que no hay motivos para las movilizaciones, la presidenta reconoció que la inseguridad en carreteras es evidente. Explicó que el sector pierde medio punto del PIB por extorsiones y cobros ilegales, y que los conductores —hombres y cada vez más mujeres— arriesgan su vida en rutas controladas por la delincuencia. “No es un tema para politizar, es un tema para resolver”, dijo.
Insistió en que las carpetas de investigación deben abrirse contra quienes extorsionan, secuestran y matan, no contra quienes salen a protestar porque necesitan seguridad para trabajar. Recordó que todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política, pagan impuestos y merecen carreteras seguras.
Así cerró el 25 de noviembre en la Cámara de Diputados: con discursos sobre violencia de género, tensiones por las protestas y, sobre todo, con una ley que busca darle al país un respiro frente a un delito que ya cobra demasiado, tanto en dinero como en vidas.
