Por Bruno Cortés
En el Congreso se habló de algo que a todos nos pega directo en la vida diaria: dónde vivimos y cuánto tiempo hacemos para llegar al trabajo. En el marco del Foro Legislativo sobre políticas para el hábitat, el diputado Gilberto Herrera Solórzano puso sobre la mesa un problema que no es nuevo pero sí urgente: el déficit de vivienda, especialmente en ciudades como Tijuana, donde miles de familias simplemente no encuentran casa a un precio que puedan pagar.
Herrera explicó que el nuevo enfoque de política habitacional ya no ve la vivienda como un negocio más, sino como un derecho humano. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Que el Estado asume un papel más activo para garantizar que las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos puedan acceder a una casa de al menos 60 metros cuadrados, con agua, luz y servicios básicos. No se trata de casas diminutas y alejadas de todo, sino de espacios dignos para vivir.
En esa lógica entra el plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio. La apuesta es grande: usar instituciones como el Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda y el FOVISSSTE no solo para dar créditos, sino para ordenar el desarrollo urbano, regularizar predios, reestructurar deudas impagables y rescatar viviendas abandonadas que hoy son focos de inseguridad.
Pero hablar de vivienda sin hablar de movilidad es quedarse a medias. Porque de poco sirve tener casa si haces tres horas para llegar al trabajo. Ahí entró la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara, quien destacó reformas para que toda nueva infraestructura pública sea accesible para personas con discapacidad. Es decir, rampas, señalización y espacios pensados para todos, no solo para quienes no enfrentan barreras físicas.
Desde el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha impulsado el programa “Mujeres al Volante”, que capacita a mujeres para conducir transporte público y pesado. La idea no solo es abrir oportunidades laborales, sino también cambiar la dinámica de un sector históricamente dominado por hombres.
En la misma línea, Juan Hugo de la Rosa, desde la Secretaría de Movilidad mexiquense, insistió en que la movilidad debe entenderse como un derecho ligado a la salud y al medio ambiente. Menos tiempo en el tráfico significa menos estrés, menos gasto familiar y menos contaminación. Por eso el estado le está apostando a sistemas de transporte masivo que integren la zona metropolitana.
Ahí entran proyectos como el Tren Insurgente y el Trolebús Chalco–Santa Marta, pensados para conectar mejor al Valle de México bajo criterios de sustentabilidad y justicia social. No es solo mover personas, sino hacerlo con menor impacto ambiental y menor costo para las familias.
En el terreno económico, Juan Manuel López, desde la Secretaría de Economía, explicó cómo el distintivo “Hecho en México” busca fortalecer a empresas familiares, cooperativas y MiPymes. La lógica es sencilla: si consumimos más productos elaborados con proveeduría nacional, se fortalece la economía local y se reduce la dependencia de importaciones. Además, los llamados Polos de Desarrollo del Bienestar en estados como Puebla, Tlaxcala y Estado de México buscan aprovechar lo que cada región produce mejor, para generar empleo sin obligar a la gente a migrar.
La experiencia internacional también estuvo presente. El especialista chileno Patricio Vallespín habló de descentralización y de cómo fortalecer a los gobiernos locales es clave para que las políticas de vivienda y movilidad realmente funcionen. Porque desde un escritorio en la capital no siempre se entienden las necesidades específicas de cada región.
En resumen, lo que se discutió no es un asunto técnico lejano. Es la pregunta de siempre: ¿podemos aspirar a una casa digna, cerca del trabajo y con transporte accesible, sin que eso nos endeude de por vida? La respuesta que se intenta construir desde el Congreso es que sí, pero con un modelo donde el Estado coordine, regule y ponga el bienestar social por encima de la especulación inmobiliaria.
