Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados, entre jóvenes legisladores y pasillos llenos de debate, el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, dejó claro que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales no es un capricho político ni una ocurrencia de último momento. Es, dijo, el resultado de décadas de lucha laboral y de un proceso de diálogo con trabajadores, empleadores y sectores productivos.
México, explicó, arrastra un “adeudo histórico” en esta materia. Desde la Revolución se estableció la jornada de ocho horas diarias, pero el esquema semanal terminó dejando a millones de personas con apenas un día de descanso. La reforma busca ajustar ese marco para que las ocho horas diarias, sumadas a un límite de 40 a la semana, permitan de forma natural cinco días de trabajo y dos de descanso.
En palabras simples: trabajar menos días no significa producir menos, sino organizar mejor el tiempo y mejorar la calidad de vida. En otros países, este modelo ya funciona. Y eso fue parte del análisis que hizo la Secretaría del Trabajo: revisar qué dice la jurisprudencia internacional, cómo se implementó en otras economías y qué resultados dio.
Bolaños subrayó que el cambio fue aprobado por unanimidad en el Congreso, algo poco común en tiempos de polarización política. Ahora viene lo más importante: aplicarlo de manera gradual. Es decir, no se trata de que de un día para otro todas las empresas cambien su esquema, sino de establecer un calendario que permita adaptarse sin afectar empleos ni estabilidad económica.
Aquí entra el tema de política pública. Reducir la jornada no es solo modificar un número en la ley; implica ajustes en productividad, costos laborales y organización empresarial. Por eso el secretario insiste en que hubo mesas de diálogo con todos los sectores. La idea es que la reforma sea viable tanto para una gran industria como para una pequeña empresa familiar.
Otro punto clave es la informalidad. Más de la mitad de las personas que trabajan en México lo hacen sin contrato formal, sin seguridad social y sin derechos plenamente reconocidos. Bolaños reconoció que ese es uno de los grandes retos. De poco sirve reducir la jornada si millones siguen fuera del marco legal.
En ese sentido, destacó avances como el reconocimiento de trabajadores de plataformas digitales, quienes ahora pueden ser registrados formalmente por sus empleadores. Según cifras oficiales, ya suman más de 200 mil personas en este esquema. También mencionó el impulso a certificados laborales en sectores como el agroexportador, para que trabajadores del campo tengan cobertura de derechos.
La lógica detrás de todo esto es clara: menos horas laborales, más descanso y mayor formalidad. Es una ecuación que busca equilibrar crecimiento económico con bienestar social. Porque al final, el debate no es solo cuántas horas se trabajan, sino qué tan sostenible es el ritmo de vida que impone el mercado laboral.
Para el gobierno federal y la administración de Claudia Sheinbaum, cumplir con la promesa de las 40 horas es parte de una agenda laboral más amplia: fortalecer derechos, ampliar la formalización y garantizar que el crecimiento económico no se construya a costa del desgaste permanente de la fuerza laboral.
La discusión ahora pasa de la aprobación a la implementación. Y ahí estará la prueba real: lograr que la reforma no se quede en el papel, sino que se traduzca en fines de semana completos para millones de trabajadores mexicanos.
