Por Bruno Cortés
En un país donde el turismo mueve buena parte de la economía, pocas veces se piensa que no todos pueden disfrutarlo igual. Pero la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, de Morena, quiere cambiar eso. Desde su posición como secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, lanzó un llamado fuerte: México necesita una política pública que garantice que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades, tanto en actividades turísticas como en la vida diaria.
Durante el Foro Nacional de Consulta Previa para Personas con Discapacidad en materia de Turismo Accesible, Muñiz Cabrera lo dejó claro: “Estamos avanzando hacia un México donde el turismo accesible se convierta en una obligación real, concreta y vinculante en nuestra legislación”. No es una frase de protocolo; es el reflejo de una deuda histórica. En un país donde más de 20 millones de personas viven con alguna discapacidad —según datos del INEGI—, hablar de inclusión no puede seguir siendo una promesa, sino una exigencia.
La diputada presentó tres iniciativas para garantizar el derecho a la accesibilidad, que serán fortalecidas con las propuestas de organizaciones civiles y especialistas del foro. Su visión es simple, pero profunda: cuando la accesibilidad se convierte en norma, la inclusión se vuelve costumbre y la igualdad se hace realidad. Y tiene razón. Porque de poco sirve que México sea una potencia turística si millones de ciudadanos ni siquiera pueden acceder a un museo, una playa o un transporte público sin barreras.
Muñiz Cabrera recordó que el turismo no solo es una fuente de ingresos; también es una herramienta de integración social y cultural. “Debe ser inclusivo, accesible y abrir sus puertas a todas las personas, sin excepción”, subrayó. En su mensaje, insistió en que detrás de cada cifra hay historias, familias y sueños que se topan todos los días con un entorno poco preparado para ofrecer condiciones dignas. “No hablamos de números, hablamos de vidas”, dijo con tono firme.
La legisladora destacó que, en la Cuarta Transformación, la justicia social es un eje central, y la accesibilidad no puede ser vista como un favor, sino como un derecho constitucional. Recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —ratificada por México— y el artículo 4 de la Constitución garantizan ese principio, pero la realidad sigue rezagada frente al papel. Por eso su compromiso, dijo, es transformar las realidades en leyes, políticas y acciones concretas que beneficien a las personas con discapacidad.
El foro también contó con la participación de Alfonso Ballesteros Méndez, director de política turística de la Secretaría de Turismo, quien respaldó la postura de Muñiz Cabrera. Explicó que la Sectur prepara reformas a la Ley General de Turismo, a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de garantizar derechos plenos a las personas viajeras con discapacidad. “Esta consulta no es un trámite, sino el camino para que los estándares de accesibilidad, información clara, seguridad y trato digno nazcan de necesidades reales y se vuelvan ley”, afirmó.
El mensaje que quedó en el aire fue contundente: el turismo accesible no es una concesión, sino una obligación de Estado. Un país que presume su riqueza cultural y natural no puede darse el lujo de dejar fuera a uno de cada seis ciudadanos por falta de rampas, señalización o servicios adaptados. La inclusión, al final, no solo fortalece la economía: fortalece la humanidad.
