Por Bruno Cortés
En la política mexicana suele hablarse de grandes reformas económicas, pero a veces los cambios que más impactan a la gente están en los detalles del día a día. El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, prepara una iniciativa para obligar a las plataformas digitales a ser claras y justas con sus usuarios. La idea es sencilla: que las suscripciones se puedan cancelar con un solo clic, igual de fácil que contratarlas.
Monreal lo explicó con todas sus letras: hoy cualquiera puede activar un servicio digital en segundos, pero cuando quiere cancelarlo se topa con un laberinto de menús ocultos, pasos innecesarios y trabas que parecen diseñadas para que la gente desista. Esto no es un caso aislado, dice el legislador, sino un patrón de opacidad que ha permitido abusos sistemáticos contra millones de consumidores.
La propuesta busca modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para cerrar esos huecos. Primero, que toda suscripción venga acompañada de información clara: periodicidad, monto y fecha exacta de cobro, además de un aviso con cinco días de anticipación antes de cada renovación. Así se acabarían los famosos “cobros sorpresa” que aparecen sin que el usuario lo note. Segundo, que exista un mecanismo de cancelación inmediata, sin penalizaciones ni trámites absurdos, y que funcione en el mismo medio en que se contrató el servicio.
La relevancia va más allá de lo individual. México ya es uno de los 15 países con mayor dinamismo en ventas minoristas digitales: en 2024, el comercio electrónico superó los 2 billones de pesos, equivalentes a más del 6% del PIB. Más de 67 millones de personas hicieron compras en línea, pero sin un marco legal robusto que les proteja. En este contexto, lo que está en juego no es solo la comodidad de cancelar un servicio, sino la confianza en el mercado digital como motor del desarrollo económico nacional.
Monreal reconoce que esta iniciativa es apenas el primer paso frente a una digitalización que avanza a toda velocidad. Pero insiste en que el Congreso tiene que ponerse al día: lo que hasta ahora han sido derechos en abstracto —información suficiente, protección contra abusos— deben traducirse en obligaciones concretas para las empresas. Porque, en un país donde lo digital ya mueve la economía, dejar vacíos legales equivale a dejar al consumidor indefenso.
