Por Bruno Cortés
En México, mientras millones de personas batallan todos los días para llevar un plato a la mesa, cerca de 30 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura cada año. Esa cifra equivale al 2.5% del Producto Interno Bruto y refleja no solo un problema económico, sino una injusticia social. Con este escenario en mente, el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del PRI, presentó una iniciativa para darle un giro a la forma en que tratamos el desperdicio de comida en el país.
La propuesta busca modificar varios artículos de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible con tres grandes ejes: incentivar fiscalmente a las empresas que donen alimentos en buen estado, promover campañas de concientización sobre el valor de no tirar la comida y obligar a los comercios a entregar a bancos de alimentos todo aquello que aún puede consumirse. La idea es clara: en lugar de que toneladas de frutas, verduras o pan terminen en un basurero, se canalicen a familias en situación vulnerable.
El planteamiento también involucra a los tres niveles de gobierno, que estarían obligados a firmar convenios de colaboración con bancos de alimentos locales para reforzar sus tareas de recuperación y distribución. De esta manera, lo que hoy se desperdicia en supermercados, centrales de abasto o restaurantes podría convertirse en cenas, desayunos y comidas para miles de hogares que viven con carencias.
Además, la iniciativa propone que Hacienda ofrezca incentivos fiscales a las empresas que participen en este esfuerzo: desde productores hasta cadenas comerciales y centros de distribución. Con ello no solo se genera un beneficio social, sino que se alienta a los privados a ser parte de la solución.
El diputado Alonso Reyes sostiene que este marco legal permitirá alinear la ley con el principio constitucional de garantizar la alimentación adecuada. Y va más allá: insiste en que reducir el desperdicio no es solo una cuestión humanitaria, sino también económica y ambiental, pues cada alimento que se tira implica energía, agua y trabajo desaprovechados.
En palabras sencillas, lo que se discute en el Congreso es si México está listo para dejar de tratar la comida como basura y empezar a verla como lo que es: un derecho humano básico. El reto ahora está en que la propuesta supere el trámite en comisiones y llegue al pleno, porque si algo está claro es que en un país con tanta desigualdad, tirar comida debería ser un lujo que no nos podemos permitir.
