Por Bruno Cortés
La discusión sobre cómo castigar la extorsión en México volvió a encender el ánimo en San Lázaro, y esta vez el PAN salió a decir: “se los dijimos”. El diputado Elías Lixa explicó que la Cámara de Diputados había aprobado una reforma que, en lugar de endurecer las penas contra los extorsionadores, las bajaba por debajo de lo que ya tenían varios estados. En pocas palabras, una reforma que pretendía combatir un delito terminaría abriendo la puerta para que delincuentes ya encarcelados pudieran salir libres. Y, para rematar, también se reducían sanciones contra funcionarios que se prestaran al juego de los criminales.
Lixa contó que desde el principio advirtieron del riesgo, con datos de al menos seis estados donde la propuesta hubiera debilitado el combate a la extorsión. La respuesta inicial, dijo, fueron pretextos y argumentos jurídicos endebles. Pero el Senado terminó respaldando la postura panista al frenar esas modificaciones. Para el diputado, más que un regaño, es una oportunidad para corregir y legislar sin poner en riesgo a la ciudadanía.
Adelantó que cuando la minuta regrese a la Cámara, presentarán una reserva sobre el artículo 17, para garantizar que los medios de comunicación tengan claridad en cómo pueden dirigirse a su audiencia sin confusiones legales.
Sobre otro tema caliente, la reforma que busca prohibir vapeadores y dispositivos similares, Lixa dijo que esperarán el análisis final de la Comisión de Salud porque el proyecto es amplio y debe revisarse con rigor. El diputado Éctor Jaime, especialista en temas de salud, fijará la postura final del PAN cuando llegue el momento.
Luego vino el capítulo político. La secretaria de Gobernación insinuó que el PAN y el PRI están detrás de las protestas de campesinos, transportistas y grupos inconformes con la nueva ley de aguas. Para Lixa, esa acusación es una irresponsabilidad más: en vez de escuchar las inconformidades legítimas, el gobierno prefiere etiquetar y politizar todo. Recordó que el PAN ya presentó iniciativas para proteger la protesta pacífica a nivel constitucional, porque un gobierno democrático debe garantizar que la gente exprese su inconformidad sin miedo.
El diputado añadió que su partido no opera en lo oscurito ni necesita marionetas: cuando tiene una postura, la comunica de frente. Como ejemplo, mencionó que el presidente del PAN, Jorge Romero, acudió a la Fiscalía General de la República para exigir que se investiguen las agresiones contra manifestantes ocurridas el 15 de noviembre.
Lixa cerró con un mensaje directo: México no va a bajar la tensión social mientras el gobierno siga buscando culpables en vez de soluciones. La Secretaría de Gobernación, dijo, debería abrir espacios de diálogo y dejar de usar el poder para intimidar. Si la política interior se maneja desde la confrontación y la amenaza, el país seguirá polarizado. Lo que hace falta, insistió, es escuchar, dialogar y construir acuerdos, no profundizar la división entre gobierno y ciudadanos.
