Ciudad de México, 18 de julio de 2025.– La reciente presentación del “Bando Uno” por parte del Gobierno capitalino, que incluye una serie de medidas para regular las rentas en zonas de alta demanda, ha encendido las alertas en el sector empresarial. Representantes de la iniciativa privada (IP) expresaron su preocupación ante la falta de claridad jurídica y los posibles efectos negativos de esta estrategia para frenar la gentrificación.
Las colonias Hipódromo, Condesa, Roma Norte y Roma Sur se encuentran entre los puntos clave donde se aplicarían topes a los precios de renta, lo que ha generado incertidumbre entre inversionistas y desarrolladores inmobiliarios.
Piden certeza en reglas y procedimientos
Desde cámaras como la CMIC y la Canadevi, se ha señalado que la regulación anunciada carece de detalles específicos sobre cómo se establecerán los límites de renta, qué criterios determinarán las zonas sujetas a control y qué mecanismos de verificación se utilizarán.
“Necesitamos certidumbre. No estamos en contra de políticas sociales, pero no se puede legislar sin reglas claras ni esquemas que garanticen viabilidad para quienes invierten en el desarrollo habitacional”, sostuvo un representante del sector.
Desincentivo para la inversión en vivienda en renta
Uno de los puntos más críticos expuestos por la IP es el posible efecto desalentador que estas medidas tendrían sobre el desarrollo inmobiliario. Los empresarios advierten que imponer controles rígidos y aumentar la carga burocrática podría hacer financieramente inviable la construcción o rehabilitación de viviendas para arrendamiento.
“La regulación podría frenar proyectos en puerta y ahuyentar capital privado. Ya de por sí el suelo en la ciudad es caro; poner topes sin incentivos es cerrar la puerta a soluciones habitacionales”, advirtieron.
Temor entre propietarios
Tanto arrendadores particulares como grandes firmas expresan inquietud por el impacto económico que podría tener la iniciativa. Argumentan que los topes podrían afectar sus márgenes de rentabilidad, dificultar el mantenimiento de inmuebles y, en última instancia, desincentivar la oferta de vivienda en renta.
Algunos incluso han recordado experiencias pasadas como el congelamiento de rentas en el siglo XX, cuyas consecuencias fueron el deterioro de miles de viviendas y el abandono de zonas completas.
La postura del gobierno capitalino
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, defendió el plan como una estrategia “por una ciudad habitable y asequible”. Entre las 14 acciones del Bando Uno destacan la estabilización de rentas con base en la inflación, la creación de una defensoría de derechos para inquilinos y el establecimiento de un índice de precios razonables en zonas tensionadas.
El objetivo, según el gobierno, es frenar la expulsión de residentes originarios por el encarecimiento de la vivienda, fenómeno potenciado por la gentrificación y el auge de plataformas de hospedaje temporal.
Debate abierto y voces enfrentadas
El debate sigue abierto entre quienes consideran necesario intervenir para garantizar el derecho a la vivienda, y aquellos que advierten que sin criterios diferenciados y certidumbre legal, se corre el riesgo de frenar el dinamismo del mercado y limitar el acceso mismo a la vivienda.
Las cámaras empresariales han hecho un llamado al diálogo para diseñar una política equilibrada que proteja tanto a inquilinos como a propietarios y fomente la inversión en una ciudad que demanda cada vez más soluciones habitacionales sostenibles.
