Durante casi veinte años, empresarios, exgobernadores, notarios y funcionarios convirtieron a Bahía de Banderas en escenario de operaciones inmobiliarias que hoy son revisadas en tribunales. Lo que inició como un fideicomiso público para detonar el turismo derivó en la venta irregular de terrenos, disputas legales y acusaciones por miles de millones de pesos.
En septiembre de 2021, el gobierno de Nayarit, a través de la Fiscalía General del Estado, lanzó el Megaoperativo Nuevo Nayarit para recuperar bienes presuntamente desviados del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) durante los sexenios de Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).
Las investigaciones documentaron que, en el primer periodo, se realizaron 11 operaciones que involucraron 48 inmuebles, con pérdidas por 7 mil 457 millones de pesos. En el segundo, seis operaciones sobre 36 propiedades, con un daño estimado en mil 450 millones.
Como resultado del operativo, se aseguraron fraccionamientos, torres de condominios, plazas comerciales y terrenos en Bahía de Banderas y Compostela. El daño patrimonial se calcula en 9 mil millones de pesos, aunque el valor actual de los bienes podría superar los 30 mil millones.
Los inmuebles pasarán al Fideicomiso Nuevo Nayarit (FINN), que sustituye al FIBBA. El gobierno estatal informó que los recursos se destinarán al pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores del estado. Sin embargo, más de 80 familias han promovido amparos para conservar propiedades adquiridas de buena fe, argumentando además prescripción de los delitos, pues han transcurrido entre 14 y 20 años.
En paralelo, siguen procesos penales contra exapoderados y empresarios. Entre ellos destaca Iván “N”, presunto apoderado de Inmobiliaria Bains S.A. de C.V., vinculada a Héctor Cárdenas Curiel, señalado como socio estratégico y presunto prestanombres del exgobernador Ney González. Cárdenas se encuentra prófugo y enfrenta varias órdenes de aprehensión por fraudes millonarios contra el FIBBA.
En junio de 2025, la FGE solicitó a un juez una orden de captura contra Iván “N” tras no presentarse a una audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic. También están implicados los hermanos Diego y Federico Valenzuela Cadena, ligados a empresas como Desarrollo Turístico El Playón, Dynamica y Valca, acusadas de despojo y administración fraudulenta.
El expediente creció este año con la denuncia contra José Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del gobierno estatal, acusado de cohecho, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según Proceso, su despacho Camarena & Compeán S.C. recibió más de 36 millones de pesos de una desarrolladora turística. Al concluir los juicios civiles, mercantiles y penales en curso, se espera que Nayarit logre recuperar más de 50 inmuebles.
