El conflicto fiscal entre Grupo Salinas y el gobierno federal escaló de nuevo este viernes, luego de que el conglomerado acusara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar “al servicio del poder político” y de haber puesto fin al Estado de Derecho en México.
De acuerdo con la empresa, durante la medianoche del viernes, los asuntos relacionados con sus litigios fiscales fueron incluidos de forma extemporánea en la lista oficial del Máximo Tribunal, lo que calificaron como una maniobra irregular impulsada por presiones del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.
Señalan a ministros “doblegados” y violaciones a derechos humanos
En un comunicado, Grupo Salinas afirmó que la SCJN está “integrada por un grupo de ministros doblegados a la presión política y sumisos” a los intereses del Poder Ejecutivo.
Aseguraron que estas acciones “violan derechos humanos” y vulneran la independencia judicial.
La empresa mantiene un conflicto fiscal con el Servicio de Administración Tributaria derivado de créditos acumulados a lo largo de los años, entre ellos los impuestos reclamados a TV Azteca, Elektra y otras compañías del conglomerado.
“Pagaremos lo correcto, no el doble cobro”: postura del consorcio
El grupo reiteró su disposición a pagar lo que en derecho corresponde, recordando que su propietario, Ricardo Salinas Pliego, ya había declarado públicamente —incluso durante su cumpleaños— que están listos para liquidar lo que se determine conforme a las sentencias vigentes.
El punto central de su defensa es que, según el consorcio, “no procede el doble cobro”, por lo que pidieron al SAT que cuantifique el monto real de los créditos fiscales, sin duplicidades y sin los “exorbitantes” recargos que aseguran se les pretenden aplicar.
Continúan la defensa y analizan nuevas acciones legales
Grupo Salinas anunció que continuará la defensa de su caso no solo en México, sino también ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, advirtieron que evalúan una demanda en contra del SAT y contra servidores públicos que resulten responsables por lo que calificaron como un “doloso silencio administrativo”, el cual —afirman— les niega el derecho constitucional de petición.
“No nos van a callar”: mensaje final del conglomerado
En su posicionamiento, el grupo empresarial cerró con un mensaje desafiante:
“Que todo México lo tenga claro: por más presiones políticas, justicia selectiva e intentos por silenciarnos, aquí estamos y aquí vamos a seguir muchos años más”.
El conflicto entre el gobierno federal y uno de los consorcios más grandes del país parece entrar en una nueva fase de confrontación legal y política que podría extenderse por meses.
