Ciudad de México, 23 de julio de 2025 — En una postura firme contra la corrupción urbana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el fortalecimiento de acciones coordinadas entre su administración y la Fiscalía capitalina para desmantelar al llamado Cártel Inmobiliario, red que durante años ha operado de manera irregular en diversas zonas de la capital, detonando procesos de gentrificación, desplazamiento social y especulación con el suelo.
Desde el Palacio del Ayuntamiento, Brugada dejó claro que las puertas de su gobierno están abiertas para que legisladores federales y locales accedan a toda la información necesaria para combatir este fenómeno. “Sería muy bueno que se coordinaran con los diputados locales para revisar casos concretos. Esta ciudad está abierta a la transparencia y a sumar esfuerzos en contra de la corrupción inmobiliaria”, afirmó.
La mandataria recordó que la Ciudad de México ya cuenta con una legislación que prohíbe la corrupción inmobiliaria, misma que fue diseñada como respuesta a los estragos provocados por esta red delictiva. Aseguró que dicha ley puede fortalecerse con la participación ciudadana y propuestas legislativas que refuercen la vigilancia del desarrollo urbano.
“¡Bienvenidas todas las propuestas que nos ayuden a mejorar nuestra lucha contra el Cártel Inmobiliario!”, enfatizó Brugada Molina, al tiempo que reiteró que su gobierno priorizará la revisión de inmuebles que operan con usos distintos a los autorizados, especialmente en zonas con alta presión inmobiliaria, donde el costo del suelo se ha disparado y la vida se ha vuelto insostenible para muchos habitantes.
Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, detalló que se mantienen activas 55 líneas de investigación, de las cuales 22 son carpetas abiertas y 33 son bloques de casos vinculados. A la fecha, ya se han logrado cuatro sentencias condenatorias y hay otras 16 investigaciones en curso.
“No se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi estructural que ha involucrado a funcionarios públicos y particulares a lo largo de diversas administraciones y alcaldías”, explicó la fiscal, quien también informó que se indagan delitos relacionados con directores de obras, accionistas y representantes legales de empresas que habrían participado en proyectos irregulares.
En tanto, Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, subrayó que las Zonas de Atención Inmobiliaria son identificadas con base en datos objetivos como el alza del costo del suelo, la caída en la oferta habitacional y el auge de las rentas de corta estancia. Estos factores, dijo, son caldo de cultivo para la especulación inmobiliaria y el desplazamiento de comunidades tradicionales.
“En estas zonas, el precio del metro cuadrado ha alcanzado cifras récord, mientras que la vivienda accesible desaparece. Esto afecta a los sectores populares y transforma barrios enteros en espacios exclusivos y excluyentes”, advirtió Encinas.
Con esta estrategia integral, el Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso con el derecho a la vivienda, la justicia territorial y la lucha frontal contra la gentrificación y los intereses que la promueven desde la ilegalidad. La batalla contra el Cártel Inmobiliario está lejos de terminar, pero las autoridades aseguran que no hay marcha atrás.
