Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua aseguró un condominio conocido como “Cabaña El Rincón”, ubicado en la Sierra Tarahumara y presuntamente propiedad del exgobernador Javier Corral Jurado, como parte de una investigación por peculado que indaga un posible daño al erario por 98.6 millones de pesos.
El aseguramiento se realizó el viernes 16 de enero, en cumplimiento de una orden judicial emitida un día antes por un Juez de Control. La diligencia incluyó la anotación correspondiente en la clave catastral del inmueble ante el Ayuntamiento de Ocampo, municipio cuya cabecera es Basaseachi, donde el predio aparece registrado oficialmente a nombre del exmandatario estatal.
De acuerdo con la Fiscalía, la propiedad se encuentra dentro de una zona natural protegida, caracterizada por su alta plusvalía y exclusividad. El inmueble, de estilo rústico y ubicado en una zona montañosa de abundante vegetación, forma parte de la declaración patrimonial del hoy imputado.
El aseguramiento deriva de la carpeta de investigación 3050/2024, iniciada a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). La medida, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como objetivo impedir que el bien sea vendido, transferido, gravado o enajenado mientras continúan las indagatorias.
La Fiscalía Anticorrupción precisó que este no es el único bien sujeto a medidas cautelares dentro del mismo expediente, ya que también se han realizado aseguramientos en otras entidades del país, como Morelos, específicamente en el municipio de Tepoztlán.
Una vez asegurado el inmueble, el Ministerio Público quedó facultado para llevar a cabo diversas diligencias con el fin de garantizar el eventual resarcimiento del daño al patrimonio público de Chihuahua. La autoridad subrayó que la medida busca evitar simulaciones legales o transferencias a terceros vinculados, incluidos familiares o exservidores públicos relacionados con el periodo de gobierno 2016–2021.
Este aseguramiento ocurre en un contexto clave para el caso, luego de que el propio Javier Corral informara que un Tribunal Colegiado ordenó atraer la investigación al fuero federal. El 9 de enero, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió que la competencia para conocer del presunto delito de peculado corresponde a la autoridad federal, lo que podría redefinir el rumbo jurídico del proceso.
