Por Juan Pablo Ojeda
La administración federal activó sus mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el retorno de la Colección Gelman. La presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente que las obras de Frida Kahlo y otros muralistas vayan a ser reubicadas de manera definitiva en el extranjero, amparando su postura en la estricta aplicación de las leyes de protección al patrimonio cultural de México.
El núcleo del diferendo es el estatus jurídico de las piezas. Al estar catalogadas como «monumentos artísticos» por el Estado mexicano, se imponen severas restricciones a los propietarios privados (la familia Zambrano) y a la entidad gestora (Fundación Banco Santander). La legislación prohíbe explícitamente la venta internacional o la exportación permanente de estos bienes, independientemente de los acuerdos corporativos.
Para neutralizar las acusaciones de laxitud regulatoria frente a corporaciones transnacionales, la mandataria exhibió un documento vinculante del Banco Santander. Esta misiva funciona como una garantía legal ante el INBAL, donde la institución española certifica que la extracción de las obras es exclusivamente para un circuito de exhibición de dos años, con fecha de caducidad en 2028.
El Ejecutivo dirigió un cuestionamiento directo a los 400 firmantes de la carta abierta y a los bloques de oposición. Sheinbaum acusó a estos sectores de ignorar deliberadamente el marco legal existente y las aclaraciones previas emitidas por la Secretaría de Cultura, señalando que la persistencia del reclamo responde a que «no quieren oír» los argumentos jurídicos del Estado.
La prensa internacional también fue sometida a escrutinio. La presidenta retó al diario The Guardian a transparentar el proceso publicando la carta de cumplimiento del Santander. El gobierno mexicano enmarca la reproducción de las preocupaciones de los artistas por parte del medio británico como un acto de desinformación respecto a las capacidades de las aduanas y reguladores nacionales.
La fricción legal se originó por un error de comunicación corporativa. El director del Museo Faro Santander, Daniel Vega Pérez de Arlucea, sugirió públicamente en España una «presencia permanente» de la colección en Madrid. Esta declaración contradice frontalmente los permisos de exportación temporal otorgados por el gobierno de México, forzando la intervención aclaratoria del Palacio Nacional.
El caso documenta la tensión inherente entre los derechos de propiedad privada y las leyes de soberanía patrimonial. El Estado mexicano mantiene su autoridad fiscalizadora, asegurando que la división cultural del conglomerado financiero Santander opere estrictamente bajo los parámetros de préstamo temporal que el INBAL ha trazado para resguardar el legado pictórico del país.
