Por Juan Pablo Ojeda
La impunidad operativa del gobierno de Silvano Aureoles Conejo enfrenta el escrutinio de la justicia internacional. El actual gobernador de Michoacán solicitó a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, la activación de los mecanismos de la Interpol para capturar al exmandatario, acusado de orquestar graves violaciones a los derechos humanos y desfalcar al erario.
El núcleo de la imputación penal reside en la recomendación 42VG/2020 de la CNDH, un documento que desmanteló la versión oficial del gobierno de Aureoles sobre los hechos de Arantepacua. Mientras la administración anterior argumentó haber respondido con fuerza letal ante un ataque civil, el organismo autónomo comprobó que la actuación estatal fue ilegal, excesiva y desproporcionada.
El expediente de derechos humanos documenta que el aparato de seguridad del Estado fue utilizado para aterrorizar a la comunidad. Las pruebas recabadas confirman la privación arbitraria de la libertad y el uso de la tortura contra comuneros indígenas durante las detenciones ejecutadas por los elementos policiales, lo que eleva el caso a crímenes de jurisdicción severa.
La rendición de cuentas por estos actos recae directamente en la cadena de mando. La orden de aprehensión no se limita a los elementos operativos, sino que escala hasta el exsecretario de Seguridad Estatal, Juan Bernardo Corona, y al propio Silvano Aureoles, a quienes se les responsabiliza de la autorización y coordinación del operativo interinstitucional.
Paralelamente al expediente de derechos humanos, Aureoles evade una orden de arresto por responsabilidades financieras. La auditoría a su periodo de gobierno detectó un fraude a la hacienda pública estatal calculado en 3,600 millones de pesos, estableciendo un patrón de abuso de poder que combinó la represión armada con la opacidad en el manejo del presupuesto público.
La aplicación del Protocolo de Estambul a finales de 2025 representó la medida probatoria que rompió el cerco de protección legal del exgobernador. Al certificar médicamente los actos de tortura sufridos por los pobladores de Arantepacua, la fiscalía obtuvo el soporte pericial irrefutable para solicitar las órdenes de aprehensión que hoy motivan la búsqueda internacional.
La solicitud girada a la FGR para involucrar a los países con acuerdos de justicia bilateral marca la fase final del proceso de judicialización. El Estado mexicano asume formalmente la postura de persecución penal contra el exgobernador, exigiendo su presentación ante los juzgados para responder por el uso sistemático de la fuerza pública contra población civil.
