Por Juan Pablo Ojeda
La jornada violenta del domingo 22 de febrero en Jalisco dejó 41 personas detenidas, informó el gobierno estatal, luego de los disturbios registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con el comunicado oficial, 20 de los detenidos están acusados de participar directamente en actos de violencia, mientras que otras 21 personas fueron arrestadas por saqueos y rapiña en distintos comercios. Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad de Jalisco.
El saldo material refleja la magnitud de los hechos: 22 sucursales del Banco del Bienestar afectadas, cuatro tiendas BanCoppel dañadas y 81 establecimientos Oxxo con impactos, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en otras regiones del estado. Además, 91 vehículos particulares resultaron con daños y se registraron 37 enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y civiles armados.
Los disturbios incluyeron bloqueos carreteros con vehículos incendiados en distintos puntos del sur del estado, como reacción a la muerte del capo, quien fue abatido durante un operativo en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara. El líder criminal, de 59 años, figuraba entre los objetivos prioritarios de México y Estados Unidos, país que ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.
En medio del escenario de tensión, el gobierno estatal informó que este lunes se restableció en su totalidad el servicio de varias líneas masivas de transporte público, mientras que las rutas troncales y alimentadoras avanzan de manera gradual en recuperar su frecuencia habitual.
Sin embargo, la Secretaría de Educación mantuvo la suspensión de clases presenciales en todos los niveles durante la jornada, y la Secretaría de Salud pausó la campaña de vacunación en una de las entidades más afectadas por el brote de sarampión.
El gobierno de Jalisco aseguró que mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población, en un contexto donde la prioridad inmediata es contener nuevos brotes de violencia y normalizar la actividad económica y social.
