Caen 79 toneladas de productos ilegales en operativo contra comercio ilícito en Cuauhtémoc
En una acción coordinada realizada el pasado 31 de marzo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad…
Análisis político en México
En una acción coordinada realizada el pasado 31 de marzo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad…
En medio del debate sobre la seguridad fiscal y el tráfico ilegal en México, el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, lanzó un mensaje claro: la reciente reforma a la Ley Aduanera no está haciendo lo que promete. Según él, lejos de frenar el contrabando o el llamado “huachicol fiscal” —ese fraude que vacía las arcas públicas y que se calcula en más de 600 mil millones de pesos— la reforma apenas roza el problema y deja muchas dudas sobre la efectividad del gobierno en aduanas.
El Congreso mexicano tiene en puerta una discusión que parece técnica, pero que en realidad toca directamente el bolsillo del país: la reforma a la Ley Aduanera. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que la Comisión de Hacienda ya fue convocada para analizar y votar el dictamen, y de paso adelantó que su voto será a favor. ¿De qué va todo esto? Básicamente de cerrar las grietas por donde se fugan impuestos y se cuelan prácticas ilegales que afectan la economía nacional.
En un esfuerzo conjunto por mejorar la vigilancia del transporte de mercancías y combatir el contrabando, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Marina (Semar) y el SAT México firmaron oficialmente las Bases de Colaboración en materia de Carta Porte. El acuerdo, difundido a través de redes sociales, busca consolidar la cooperación interinstitucional para el intercambio de información y la supervisión del traslado legal de bienes en el país.
Una red criminal dedicada al robo de combustibles logró infiltrarse en la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco, mediante el soborno sistemático de marinos y otros funcionarios federales. Al frente de esta organización se encontraba Elder Rodríguez Torres, alias “La Hormiga”, quien junto a su socio “El Lanchero” coordinó una red de corrupción que involucraba a miembros de la Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), facilitando el saqueo de hidrocarburos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX).