Análisis político en México
La Comisión de Igualdad de Género, presidida por Anaís Miriam Burgos Hernández, reunió a legisladoras, legisladores, funcionarias y representantes de organizaciones civiles en el foro “Es tiempo de mujeres. El aborto es un hecho y decidir es nuestro derecho”, un espacio pensado para reforzar la incidencia legislativa y avanzar en la eliminación del delito de aborto de los códigos penales en todo el país.
En el Congreso, donde cada palabra suele pesar más de lo que parece, Ricardo Monreal Ávila volvió a poner sobre la mesa un tema que divide opiniones pero que ya forma parte del diseño institucional del país: la revocación de mandato. El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política fue claro: esta figura “tiene que practicarse y mantenerse”, porque representa democracia directa.
Para la diputada Olga Sánchez Cordero, uno de los grandes pendientes del Estado mexicano no está en crear nuevas leyes espectaculares, sino en hacer que las instituciones encargadas de investigar delitos realmente funcionen. Desde su experiencia como jurista y exministra, la legisladora de Morna sostiene que es urgente meterle mano a la procuración de justicia para reestructurar fiscalías y fortalecer las investigaciones, especialmente cuando se trata de corrupción.
Para Movimiento Ciudadano, la agenda ambiental ya no puede seguir tratándose como un tema secundario ni solo como un asunto de castigos penales. Así lo planteó la diputada Laura Ballesteros Mancilla, quien advirtió que una de las urgencias legislativas más claras del país es proteger no solo a los ecosistemas, sino a las personas que los defienden, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida.
En la Cámara de Diputados ya arrancó una discusión que, aunque suene lejana para mucha gente, toca de lleno la vida cotidiana: cómo evitar que el dinero público se pierda, se desvíe o termine en corrupción. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, anunció que comenzaron formalmente las consultas, debates y mesas de trabajo para construir el Plan Nacional Anticorrupción, una hoja de ruta que busca cambiar de fondo las reglas del juego y reconstruir el Sistema Nacional Anticorrupción desde la Constitución y las leyes.
En San Lázaro comenzó a moverse una de las piezas más importantes —y más incomprendidas— del engranaje público: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para decirlo sin tecnicismos, lo que se está planteando es volver a armar el sistema que se encarga de vigilar al gobierno, coordinar a las autoridades y evitar que el dinero público se pierda entre trámites, corrupción e impunidad.
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados metió orden en un tema que suele sonar lejano pero que impacta directamente en médicos, enfermeras y trabajadores del Estado: las reglas internas del ISSSTE. Y es que, aunque no se diga mucho, buena parte de la normatividad con la que opera el Instituto sigue atorada en el 2018, como si nada hubiera pasado desde entonces… incluido el Covid.
La Cámara de Diputados arrancó la semana con una señal política poco común: un encuentro con 75 representantes diplomáticos, el más numeroso en una década, donde la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió que México profundice su diálogo con la comunidad internacional. En un país donde la política suele mirarse hacia adentro, López Rabadán insistió en que el Congreso tiene que funcionar como un puente con el mundo, no como una isla.
La conversación sobre seguridad y respeto hacia las mujeres volvió a sonar fuerte en el Congreso. Esta vez, con el Plan Integral contra el Abuso Sexual presentado por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citalli Hernández Mora, y respaldado por la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano. El mensaje es claro: México necesita un cambio cultural y político real para que las mujeres puedan vivir sin miedo, trabajar sin acoso y caminar por las calles sin temor.
La diputada Ana Isabel González, del PRI, puso sobre la mesa un tema que miles de familias viven todos los días, pero pocas veces llega al debate público: ¿qué hace el Gobierno para apoyar de verdad a las personas con autismo y otras condiciones de la neurodiversidad? Su respuesta fue clara: se necesita crear centros especializados que no solo diagnostiquen, sino que acompañen, orienten y den herramientas para que estas personas puedan desarrollarse plenamente en la sociedad.
