Análisis político en México
En el Congreso no todo se decide a mano alzada ni de manera automática. A veces, antes de que una reforma avance, se detiene, se escucha a expertos y se replantea. Eso es justo lo que está pasando con la propuesta para crear la figura de “jueces sin rostro”, es decir, personas juzgadoras cuya identidad se mantendría en reserva en casos de delincuencia organizada.
El diputado Germán Martínez Cázares, del PAN, decidió cruzar fronteras para dar la pelea contra la reforma judicial y los cambios a la Ley de Amparo. Esta vez no lo hizo desde la tribuna de San Lázaro, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Y según informó, su escrito ya fue admitido. En sus palabras, las reformas impulsadas por la mayoría oficialista están ahora “en el banquillo internacional de los acusados”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la difusión de un video en el que se observa a dos asistentes del funcionario limpiándole los zapatos previo al aniversario de la Constitución Mexicana.
Desde la cuna de la Carta Magna, la Presidenta advierte que el país no será colonia de nadie; presume reformas y cierra filas en el 109 aniversario constitucional.
La diputada Dolores Padierna Luna, una de las voces con mayor peso de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que en este nuevo periodo de sesiones su bancada va por una agenda que busca hacerle la vida más fácil a la gente en trámites fiscales, financieros y administrativos, al mismo tiempo que se refuerza el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ), creado como una de las apuestas centrales de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, atraviesa su primer momento crítico apenas a cuatro meses de haber iniciado funciones. La renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada, marca la primera dimisión en la corta historia del organismo y prende focos de alerta sobre la solidez del nuevo modelo de administración del Poder Judicial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró durante la “Mañanera del Pueblo” que la elección popular de ministros, magistrados y jueces no representa riesgos para la inversión ni para la estabilidad del país.
En la Cámara de Diputados andan haciendo corte de caja, y el número impresiona hasta para quien no sigue la política de diario: en apenas 14 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han movido 22 grandes temas, 44 artículos constitucionales, 15 leyes nuevas y 72 reglamentarias modificadas. En corto: el Legislativo ha trabajado a marcha forzada para rediseñar buena parte del andamiaje del Estado, casi siempre respondiendo a iniciativas impulsadas desde la Presidencia.
Un grupo de jueces y magistrados federales cesados alzó la voz tras salir inconformes de una reunión con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), a la que acudieron con la esperanza de obtener claridad sobre el proceso de pago de sus indemnizaciones. La reunión, prevista para analizar los criterios de cálculo y entrega de los montos contemplados en las reformas constitucionales de 2024, terminó —según ellos— sin respuestas y con más dudas que certezas.
En el Congreso mexicano se está cocinando una propuesta que busca cambiar la forma en la que resolvemos los conflictos legales, y aunque suena a asunto de abogados, la verdad es que puede impactar directamente la vida de cualquier ciudadano común. El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, de Morena, organizó un foro de Parlamento Abierto para hablar sobre los llamados “Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, que no es otra cosa que encontrar la manera de resolver un pleito sin tener que ir directo a los tribunales.
