Por Juan Pablo Ojeda
En medio del debate sobre quién sí y quién no debe ocupar espacios reservados para grupos históricamente excluidos, la magistrada del Tribunal Electoral, Claudia Valle Aguilasocho, puso sobre la mesa un punto clave: no basta con decir “pertenezco a un grupo”, también hay que demostrarlo.
El tema puede sonar técnico, pero en realidad es bastante simple. Las llamadas acciones afirmativas —esas reglas que obligan a incluir a personas indígenas, de la diversidad sexual, con discapacidad o migrantes en candidaturas— buscan corregir desigualdades históricas. El problema es que, en la práctica, algunas personas han intentado aprovechar estos espacios sin pertenecer realmente a esos grupos.
Para evitarlo, el sistema electoral ha desarrollado una figura que suena complicada, pero es lógica: la “autoadscripción calificada”. Es decir, no solo declaras que perteneces a un grupo, sino que debe haber elementos que respalden esa identidad y, sobre todo, que el propio grupo la reconozca.
Aquí es donde entra el conflicto. Muchas veces, las autoridades electorales —como el Instituto Nacional Electoral o los organismos locales— registran la información tal cual la presenta el aspirante. Pero la verificación real suele llegar después, cuando alguien impugna y el caso termina en tribunales.
Y ahí empieza el problema de fondo: todo se judicializa. Es decir, en lugar de resolverse desde el inicio, se convierte en un pleito legal que retrasa procesos y genera desconfianza. Por eso, Valle insiste en que esta validación debería hacerse desde la etapa administrativa, antes de que escale a juicio.
Otro punto que destacó tiene que ver con las discapacidades, donde hay un vacío importante. No todas son visibles, y muchas veces la sociedad —y hasta las instituciones— solo reconocen las más evidentes. Sin embargo, más del 70% de las discapacidades se adquieren a lo largo de la vida, ya sea por accidentes o condiciones de salud.
Esto cambia la forma en que se deben diseñar las políticas públicas. Si no se reconocen esas discapacidades “invisibles”, muchas personas quedan fuera de los beneficios que justamente buscan equilibrar oportunidades.
En paralelo, la magistrada también abordó otro tema delicado: las denuncias sobre posibles irregularidades en procesos para designar consejeros electorales. Su postura fue clara: sin pruebas, no hay caso. En el terreno electoral, las acusaciones deben sustentarse con evidencia concreta, no solo con sospechas o declaraciones.
Además, evitó pronunciarse sobre posibles vínculos entre aspirantes y la presidenta del Instituto Nacional Electoral, dejando claro que, por su cargo, no puede opinar sobre procesos en curso.
Al final, lo que está en juego es la credibilidad del sistema. Las acciones afirmativas no son un favor ni una concesión política, son herramientas para garantizar representación real. Pero si no se cuidan sus reglas, corren el riesgo de perder sentido.
La apuesta, según lo que plantea Valle, es simple: menos simulación, más verificación desde el inicio y decisiones basadas en pruebas, no en percepciones.
