Por Bruno Cortés
El diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más delicados para la política mexicana: la posible relación entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado. Desde el Senado de la República, el legislador pidió que las autoridades federales investiguen y castiguen a cualquier servidor público que haya recibido dinero ilícito para financiar campañas electorales.
Durante un encuentro con medios de comunicación en el marco de la Comisión Permanente, Torres Cofiño acusó que existe una “gran complicidad” entre gobiernos y organizaciones criminales en distintas regiones del país. Según el diputado, el problema no solamente tiene que ver con seguridad, sino también con la manera en que el dinero ilegal puede influir en elecciones, gobiernos y decisiones públicas.
En términos sencillos, lo que plantea el legislador es que cuando grupos criminales financian campañas políticas, no solo buscan ayudar a ganar elecciones. También pueden intentar obtener protección, contratos, impunidad o influencia dentro de los gobiernos. Ese escenario, explicó, termina debilitando al Estado de derecho y afecta directamente la vida cotidiana de la población.
El panista aseguró que México atraviesa una crisis profunda en temas de seguridad, salud, educación y economía, y sostuvo que la desconfianza internacional ya está afectando las inversiones. Para cualquier país, la inversión extranjera es clave porque genera empresas, empleos y movimiento económico. Sin embargo, cuando existen dudas sobre corrupción, violencia o vínculos criminales dentro de gobiernos, muchas compañías prefieren no arriesgar su dinero.
“Si no hay inversión, no va a haber empleo, y menos un empleo bien pagado”, advirtió el diputado, quien señaló que la percepción internacional sobre México se ha deteriorado.
Torres Cofiño también habló sobre funcionarios y políticos mexicanos que han sido mencionados en investigaciones de autoridades estadounidenses. Consideró que cualquier servidor público señalado debería separarse temporalmente del cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
En particular, se refirió al senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, a quien pidió acudir al Senado, solicitar licencia y ponerse a disposición de las autoridades si existen señalamientos en su contra. Según el legislador, cualquier responsabilidad debe resolverse conforme al Código Penal y las leyes mexicanas.
El diputado también criticó las movilizaciones organizadas por sectores oficialistas en Chihuahua, argumentando que este tipo de marchas terminan afectando económicamente a ciudadanos y automovilistas debido a cierres viales, pérdidas de tiempo y complicaciones de movilidad.
Otro de los temas que abordó fue el relacionado con las presuntas operaciones de la CIA en territorio mexicano. Sobre ello, exigió al Gobierno Federal mayor claridad y transparencia para informar a la ciudadanía.
Finalmente, el legislador aseguró que Acción Nacional continuará denunciando posibles irregularidades y presionando para que exista rendición de cuentas dentro del gobierno y de las instituciones públicas.
