Por Bruno Cortés
La tensión política en México volvió a subir de nivel luego de que legisladores federales del PAN y la dirigencia nacional del partido anunciaran una ofensiva legal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras los señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios estatales y el crimen organizado.
En conferencia de prensa, el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, aseguró que Acción Nacional utilizará “todos los recursos legales” disponibles para evitar impunidad en el caso. Entre las acciones anunciadas están denuncias ante instancias internacionales, una solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa y un juicio político contra Rocha Moya.
Aunque estos términos suelen sonar lejanos para mucha gente, en realidad tienen consecuencias importantes. La desaparición de poderes, por ejemplo, es un mecanismo constitucional que permite al Senado intervenir cuando considera que un estado ya no puede garantizar gobernabilidad, seguridad o legalidad. Es una medida extrema que pocas veces se plantea y que refleja el tamaño de la crisis política que acusa la oposición.
El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que el Estado mexicano no puede ignorar las acusaciones relacionadas con presuntas infiltraciones del crimen organizado en instituciones públicas. Según explicó, el juicio político busca determinar responsabilidades de funcionarios que, desde la visión panista, habrían fallado en proteger la seguridad y la legalidad en Sinaloa.
Para entender el fondo político del asunto, el PAN intenta colocar sobre la mesa un tema que ha golpeado constantemente a México: la relación entre violencia, gobiernos locales y crimen organizado. La oposición sostiene que el problema ya no solo afecta la seguridad pública, sino también la confianza en las instituciones democráticas y en los procesos electorales.
La vicecoordinadora panista Noemí Luna fue todavía más allá al señalar que la violencia que vive el país es consecuencia de acuerdos entre actores políticos y grupos criminales. Sus declaraciones forman parte de una estrategia del PAN para presionar al Gobierno federal y posicionarse rumbo a futuras discusiones políticas y electorales.
En el plano económico, el diputado Federico Döring advirtió que la falta de claridad institucional en casos como el de Sinaloa podría afectar la imagen de México ante inversionistas y gobiernos extranjeros. Esto no es menor: cuando un país enfrenta dudas sobre el estado de derecho o la seguridad, suelen aumentar la desconfianza económica, la presión diplomática y hasta el riesgo de frenar inversiones.
Por su parte, otros legisladores panistas insistieron en que ningún funcionario debe utilizar el poder político para encubrir posibles actos de corrupción o relaciones con estructuras criminales. También señalaron que el principal deber del Estado es garantizar seguridad a las familias mexicanas, especialmente en regiones golpeadas por la violencia.
Hasta ahora, las acusaciones anunciadas por el PAN forman parte de una ruta legal y política que todavía deberá avanzar en distintas instancias nacionales e internacionales. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más delicados del país: la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y el temor de que el crimen organizado influya cada vez más en la vida pública.
