Por Juan Pablo Ojeda
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), corroboró de manera oficial las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra seis entidades. La resolución afecta a tres personas físicas, dos casinos y una empresa administradora en el estado de Tamaulipas, a quienes se les atribuyen vínculos directos con la estructura operativa del Cártel del Noreste.
El reporte técnico de la UIF se basó en un análisis financiero, fiscal y corporativo profundo sobre las entidades señaladas. Los datos recabados muestran un volumen atípico de transferencias internacionales dirigidas hacia diversas jurisdicciones, incluyendo territorios clasificados como zonas de alto riesgo financiero, lo que encendió las alertas de los sistemas de monitoreo transaccional transfronterizo.
La métrica de las operaciones reveló discrepancias matemáticas severas en la contabilidad de los negocios. Las autoridades mexicanas identificaron inconsistencias insalvables entre los montos operados en las cuentas bancarias y los ingresos formalmente reportados ante las autoridades tributarias, configurando esquemas clásicos de evasión fiscal corporativa.
Adicionalmente, el rastreo de flujos de capital ubicó movimientos significativos de recursos en efectivo al interior de los establecimientos. Estas inyecciones de liquidez carecían de correspondencia con la actividad económica lícita declarada por los operadores de los centros de apuestas, consolidando la hipótesis de blanqueo de capitales mediante actividades vulnerables.
Como medida cautelar inmediata, la UIF canalizó el expediente técnico a la Secretaría de Gobernación (Segob). A través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, la dependencia federal procedió con la orden de suspensión de actividades para los dos casinos identificados en la red, cortando el flujo operativo de los establecimientos en Tamaulipas.
La judicialización del caso se materializó con la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los expedientes entregados por la UIF contienen la evidencia documental para procesar a las seis entidades por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como diversos delitos fiscales tipificados en la legislación mexicana.
El núcleo de la red operaba a través de la Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA). Esta empresa gestionaba la infraestructura del Casino Centenario en Nuevo Laredo y el Diamante Casino en Tampico, infraestructura que, según los datos compartidos, funcionaba como mecanismo de integración al sistema financiero formal para los ingresos derivados del tráfico de narcóticos.
