Por Bruno Cortés
La discusión sobre feminicidio en México ya no solamente se concentra en castigar a quien agrede o asesina a una mujer. Ahora también se está poniendo el foco en qué pasa con las hijas e hijos que quedan atrapados en medio de estos casos. Bajo esa lógica, la diputada María Isidra De la Luz Rivas presentó una iniciativa que busca retirar la patria potestad a quienes sean procesados por feminicidio o tentativa de feminicidio contra la madre de sus hijos.
La propuesta plantea modificar el Código Civil Federal para establecer que, si una persona es vinculada a proceso por estos delitos, perderá automáticamente los derechos relacionados con la patria potestad sobre las hijas e hijos que tenga en común con la víctima. Además, jueces y autoridades tendrían la obligación de suspender convivencias, custodias o visitas sin necesidad de que alguien lo solicite formalmente.
La iniciativa parte de una realidad que se ha repetido en distintos estados del país: después de un feminicidio o intento de feminicidio, muchas veces los menores terminan bajo la tutela del propio agresor o presunto responsable. Para la legisladora del Partido del Trabajo, esto representa un riesgo para la integridad física, emocional y psicológica de niñas, niños y adolescentes.
En México, el feminicidio ya está tipificado como delito y contempla penas severas. Sin embargo, la diputada sostiene que el sistema legal todavía tiene vacíos cuando se trata de proteger a las familias de las víctimas, especialmente a los hijos. El planteamiento busca que el Estado actúe de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones judiciales.
Uno de los referentes principales de esta propuesta es la llamada “Ley Monzón”, aprobada primero en Puebla en 2023. Esa legislación surgió tras el asesinato de Cecilia Monzón Pérez, una abogada y activista feminista asesinada presuntamente por su expareja. El caso provocó indignación nacional porque el presunto responsable intentó mantener derechos sobre el hijo que ambos compartían.
A partir de ese caso, varios congresos estatales comenzaron a aprobar reformas similares para impedir que personas investigadas por feminicidio conservaran la custodia o convivencia con menores. Según la iniciativa presentada en San Lázaro, entidades como Colima, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo ya cuentan con legislaciones inspiradas en este modelo.
Ahora, lo que busca la diputada es llevar esa protección al ámbito federal para que exista un criterio uniforme en todo el país. La lógica detrás de la reforma es que el interés superior de la niñez debe estar por encima de cualquier derecho parental mientras exista una investigación abierta por feminicidio o tentativa.
La propuesta también abre un debate importante sobre cómo equilibrar la presunción de inocencia con las medidas de protección para menores. El texto plantea que la suspensión de derechos sería temporal mientras se determina judicialmente la responsabilidad del acusado. Si la persona resulta inocente, podría recuperar esos derechos.
Más allá de lo jurídico, el tema refleja cómo el Congreso mexicano está intentando ampliar la conversación sobre violencia de género hacia las consecuencias familiares y sociales que dejan estos delitos. Ya no se trata únicamente de castigar al agresor, sino también de evitar que niñas y niños queden expuestos a entornos de violencia o incertidumbre legal.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde comenzará su análisis y discusión. En caso de avanzar, el Código Civil Federal incorporaría una de las reformas más amplias en materia de protección infantil vinculada a casos de feminicidio.
