Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México plantea que personas que conduzcan en estado de ebriedad y provoquen la muerte de terceros en accidentes viales estén obligadas a cubrir la manutención de los menores de edad que queden en situación de orfandad, como parte de un esquema de reparación integral del daño.
El diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como adicionar disposiciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que jueces garanticen una pensión mensual destinada a cubrir necesidades básicas, educación y atención médica y psicológica de las víctimas indirectas.
De acuerdo con lo expuesto en sesión ordinaria del órgano legislativo local, la propuesta contempla modificaciones a los artículos 131, 138, 194, 196, 198, 206 y 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para incorporar el principio del interés superior de la niñez en la determinación de medidas de reparación del daño en estos casos.
Asimismo, se plantea adicionar una fracción a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de establecer explícitamente el derecho de las víctimas indirectas —menores que pierden a sus padres o tutores en siniestros viales causados por conductores alcoholizados— a recibir una pensión que cubra alimentación, vestimenta, estudios hasta nivel superior y atención integral en salud.
Durante su intervención, el legislador subrayó que la propuesta no se limita a sancionar a los responsables, sino que busca atender las consecuencias sociales y económicas que enfrentan las familias afectadas. Señaló que la pérdida de los progenitores implica no solo un daño emocional, sino también la interrupción de proyectos educativos y condiciones de vida dignas para los menores.
No obstante, especialistas han advertido que, aunque el enfoque de reparación integral está alineado con estándares de derechos humanos, la implementación podría enfrentar retos en materia de ejecución, especialmente en casos donde los responsables carezcan de solvencia económica o existan dificultades para garantizar pagos sostenidos en el tiempo.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como a la de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso capitalino, donde será analizada y dictaminada antes de una eventual votación. De ser aprobada, sería remitida a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo a nivel federal.
De acuerdo con información del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa cuenta con el respaldo de legisladoras del Partido del Trabajo (PT), lo que podría fortalecer su viabilidad política en comisiones. Sin embargo, su aprobación dependerá del consenso entre fuerzas parlamentarias y del análisis técnico sobre su constitucionalidad y alcance.
Fuentes: Congreso de la Ciudad de México; Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
