Por Juan Pablo Ojeda
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) documentó 10,700 reportes de desaparición de menores durante 2025, lo que equivale a una incidencia de 29 casos diarios a nivel nacional. La cifra representa un incremento del 0.3% respecto a 2024, consolidando una tendencia al alza que preocupa a organismos internacionales y colectivos de búsqueda. De este universo, cerca de 3,000 menores permanecen sin ser localizados, enfrentando riesgos críticos de vulnerabilidad.
El análisis de datos arroja una alerta técnica sobre la población de primera infancia: los casos de menores no localizados en el rango de edad de 0 a 7 años experimentaron un crecimiento interanual del 30.3%, pasando de 2,192 a 2,856 reportes. Este segmento representa la mayor gravedad dentro de la crisis de desapariciones, al tratarse de víctimas con nula capacidad de autoprotección y alta dependencia de sus núcleos familiares.
La distribución geográfica de la problemática es heterogénea y concentra su incidencia en tres estados clave. El Estado de México encabeza la estadística nacional con 4,116 reportes, equivalente al 20% del total; seguido por Tamaulipas con 1,738 registros y la Ciudad de México con 1,628. Estas tres entidades aglutinan el 40% de las desapariciones de menores registradas en el país durante el ejercicio fiscal anterior.
Para atender esta crisis, la Redim ha enfatizado la necesidad de estandarizar protocolos de búsqueda inmediata. La falta de efectividad en la activación de alertas y la fragmentación de la información forense entre estados son los principales obstáculos identificados para reducir el número de personas no localizadas. La organización señala que la respuesta estatal ha sido insuficiente para contener el flujo de nuevas desapariciones.
El impacto económico y social de estas ausencias es incalculable, afectando la estabilidad emocional de miles de familias. La exigencia de la sociedad civil se centra en la inversión en capacidades forenses y en la profesionalización de las unidades de búsqueda con enfoque de género y protección integral a la infancia, conforme a los tratados internacionales ratificados por México.
La persistencia del fenómeno sugiere que las políticas actuales de seguridad pública no han logrado incidir en la prevención de riesgos específicos que enfrentan los menores, como el reclutamiento forzado, la trata y el feminicidio. La brecha entre el reporte inicial y la localización efectiva sigue siendo el punto más crítico en la cadena de mando institucional.
Ante la falta de resultados concretos, los colectivos han intensificado su demanda de transparencia gubernamental. El procesamiento de estos datos no es solo un ejercicio estadístico, sino una radiografía de la ineficiencia institucional que permite que el fenómeno continúe escalando, afectando principalmente a la población infantil más desprotegida del territorio nacional.
